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Miércoles, 26 Septiembre 2018 11:05

La modificación unilateral del contrato de suministro eléctrico

En LMTABOGADOS queremos hacernos eco de la situación que están teniendo que afrontar numerosas empresas (a las pymes ya les tocará el turno), ya que a mediados del mes de septiembre de 2018 diversos clientes, la mayoría de ellos grandes usuarios de energía eléctrica, recibieron una carta de su correspondiente comercializadora en la que se les indicaba que la empresa eléctrica procedía a modificar al alza el precio de la energía que tenían contratada de manera unilateral, a consecuencia del aumento en los precios de la energía en el mercado eléctrico.

Esto supone una modificación contractual de un elemento esencial del contrato realizada de manera unilateral por las comercializadoras de energía eléctrica en base al clausulado recogido en los contratos de suministro eléctrico.

Pero esta modificación unilateral: ¿Es posible? ¿Es legal? ¿Se ajusta a derecho?

En este artículo, de manera breve y genérica puesto que cada contrato en sí mismo es un mundo y un mundo lleno de minas, intentaremos aclarar en qué consisten las clausulas de modificación contractual o clausulas “REBUS SIC STANTIBUS”.

Durante los años de la carrera lo primero que te indican en la asignatura de derecho mercantil es el principio de conservación de los contractos o “PACTA SUNT SERVANDA”. Básicamente significa que los contratos están para cumplirlos, para mantenerlos, lo que contribuye sin duda a la seguridad jurídica y a la buena fe e igualdad entre las partes en el tráfico mercantil.

Y así ha sido durante muchos años hasta la crisis económica del año 2007. Esta crisis, y la política europea en materia de contratos, ha conseguido que la doctrina del Tribunal Supremo en España haya variado de manera que ha pasado a considerar la modificación contractual de algo excepcional a algo habitual.

La doctrina anterior del Tribunal Supremo se basaba en que era posible aceptar la modificación en las condiciones económicas de un contrato, pero para ello debía producirse una circunstancia, o varias, de naturaleza extraordinaria y radicalmente imprevista y que esa excepcionalidad produjese una desproporción entre la prestación y la contraprestación y que ello debía ser exorbitante y fuera de toda previsibilidad o cálculo en el momento del acuerdo de voluntades.

Como se puede observar, la modificación contractual en materia de condiciones económicas pocas veces se producía ya que había que acreditar, tanto la situación en el momento de la firma del contrato como en el momento en que se producía la modificación y además la circunstancia imprevisible que era el detonante de la necesidad de dicha modificación, lo que en sí mismo era una traba a este tipo de modificaciones.

Sin embargo, desde el año 2014, el Tribunal Supremo dictó la Sentencia de fecha 30 de junio de 2014 (en el recurso nº 2250/2012), y como siempre, a las grandes corporaciones y a los oligopolios, le alegró el verano.

En dicha Sentencia, y en uno de sus delirantes argumentos post crisis (curiosamente después de que el gobierno suprimiese la paga extra a los funcionarios), la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su línea “del necesario ajuste o adaptación de las instituciones a la realidad social del momento”, pasa a considerar que la circunstancia que motiva la modificación de un elemento esencial del contrato, conlleva que solo sea “necesario examinar que el cambio operado comporte una significación jurídica digna de atención en los casos planteados” y ”este hecho se produce cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad del mismo), como cuando representa una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato)”.

Básicamente abre la veda para que aquellas empresas o prestadores de servicios puedan modificar sus contratos de manera unilateral porque ya no les resulta económico o rentable ofrecer el servicio o prestación a la que se habían comprometido.

Es decir, lo que está pasando ahora: que a las comercializadoras no les interesa mantener el precio pactado, no ya porque puedan perder dinero sino básicamente porque dejan de ganarlo.

Y una vez más en el sector de la energía donde la guerra es continua, donde cada uno de los operadores solo mira para su ombligo y donde siempre pagan los mismos –los consumidores y usuarios– las comercializadoras eléctricas han decidido de manera unilateral modificar los precios al alza (a la baja no se les hubiese pasado por la cabeza modificar el contrato) y en la línea de sus grupos empresariales les indican al cliente que pueden desistir del contrato como si fuese así de sencillo quedarse sin comercializador eléctrico que es tanto como decir como quedarse sin servicio, o que pueden buscarse otra comercializadora cuando la mayoría de las comercializadoras están siguiendo la misma política de precios al alza.

En fin, nuevamente la ley del embudo, amparada por nuestro siempre acertado y magnifico Tribunal Supremo.

Ahora bien, desde la visión jurídica de LMTABOGADOS, todavía nos queda a los usuarios de los contratos de energía eléctrica un estrecho, largo y arriesgado margen de maniobra, que es acudir a la vía judicial para poner de manifiesto que en el sector energético y en concreto en el de la electricidad, no se dan la “excesiva onerosidad” que requiere el Tribunal Supremo.

Y ello, porque la empresas comercializadoras, en su gran mayoría o por lo menos la mayoría de las que dominan el mercado del suministro eléctrico, provienen de la escisión obligatoria por ley de grupos empresariales que ofrecían el servicio eléctrico en régimen de monopolio y en concentración de actividades, por lo que es razonable pensar que cuando ofrecen el precio de la energía ya tenían descontado no solo sus costes, sino que conocían los costes de producción e incluso las variables que influyen en los mismos y no solo en el momento contractual sino a futuro, porque lógicamente empresas que llevan prestando el mismo servicio durante 100 años de forma exclusiva y excluyente conocen sus variables y la posible evolución del precio de la energía eléctrica, sobre todo cuando son ellas quienes la producen, distribuyen y comercializan a través de diferentes empresas, por aquello de guardar la supuesta separación de actividades.

Si los analistas de los mercados bursátiles pueden pronosticar de una manera aproximada al mercado de futuros el precio de las materias primas, entre ellas también fuentes de energía, con muchas más posibilidades las comercializadoras de electricidad por los motivos expuestos.

 A lo anterior, debemos señalar que las comercializadoras deben acreditar que el incremento del coste de la producción de energía eléctrica les ha provocado una imposibilidad económica debido a unas pérdidas reiteradas o la completa desaparición de cualquier margen de beneficio.

En LMTABOGADOS estamos casi seguros de que ninguna comercializadora es capaz de acreditar la existencia de pérdidas continuadas o la completa desaparición de su margen de beneficio ante un tribunal de Justicia.

Ya que es muy difícil que puedan acreditar que el aumento del coste de producción de la energía eléctrica cambia radicalmente la proporcionalidad de las prestaciones, convirtiendo el cumplimiento del contrato en extraordinariamente oneroso para las comercializadoras.

En definitiva, es necesario analizar cada contrato en particular y en especial la cláusula REBUS SIC STANTIBUS que permita la modificación contractual y ver si dan las circunstancias anteriormente expuestas para que esta modificación sea ajustada a derecho, distinguiendo esta de una imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las prestaciones contractuales.

 

 

 

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